Buscan que las compañías de celulares en PR "Le bajen a las penalidades" de contrato

La Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes limitaría las cláusulas penales en contratos de servicio celular, además de disponer que una cancelación de un contrato por servicio de celular sólo podrá conllevar una penalidad que deberá ser prorrateada.

En una vista pública que presidió la representante Yashira Lebrón Rodríguez, el secretario de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi, recomendó que se especifique cada cuánto tiempo se realizarían las reducciones de los cargos por terminación temprana y cuál sería la cantidad, con el fin de guardar los derechos de ambas partes.

En el Proyecto de la Cámara 24, del presidente del cuerpo Carlos "Johnny" Méndez, se pretende clarificar quienes podrán solicitar el prorrateo de los cargos por terminación temprana en contratos de servicio celular a término, aclarar asuntos relacionados al prorrateo, entre otros fines.

Según se explica en la Exposición de Motivos de la medida, aunque se ha implantado la Ley 157-13, esta tiene un alto costo operacional para las empresas, lo que a su vez se traduce en potenciales incrementos en costos para los consumidores.

Además, las compañías de teléfonos celulares han planteado que el estatuto afecta la negociación de acuerdos con sus clientes. A tales efectos, se prohibiría toda cláusula penal por terminación temprana en contratos con consumidores individuales, a menos que dicha penalidad sea prorrateada; y que el prorrateo de los cargos por terminación temprana sea aplicado mediante reducciones periódicas durante el término inicial del contrato, las cuales al finalizar dicho término deberán totalizar no menos del 60% del cargo original de terminación temprana.

Francisco Silva, asesor legal de la compañía Claro, opinó que el lenguaje de la ley en vigencia "logra establecer un balance adecuado entre la protección al consumidor y el propósito que persiguen las cláusulas penales de disuadir al consumidor de terminar el contrato de servicio celular antes de que finalice el término pactado, para evitar pérdidas a las compañías de telecomunicaciones", así evitando aumentos de precios para los consumidores.

Por su parte, Ramón "Ray" Flores, vicepresidente regional de AT&T de Puerto Rico, representado por Carla Patricia y José Moran, endosó el proyecto y a su vez sugirió una enmienda para proveer mayor claridad a la Ley 157-13.

"AT&T sugiere una reducción mínima de la penalidad por terminación temprana de 60 % de la pena original. De esta manera se permite que las compañías tengan flexibilidad en la creación de ofertas y precios, lo cual permite que la competencia entre estas sea realmente el agente diferenciador, redundando en mayores beneficios para los consumidores de Puerto Rico", expresó.

La presidenta de la Comisión solicitó a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones que haga llegar sus comentarios en los próximos 5 a 7 días para continuar el análisis sobre la medida.